llos, en sus páginas, juegan lotería. Tienen fotos de todos nosotros y conforme van sacando a alguien, le colocan una equis”, dijo el abogado Miguel Ángel Gálvez en una entrevista publicada en noviembre en el periódico digital salvadoreño El Faro, para referirse a una suerte de cartón de juego con ocho rostros marcados con una X y publicado en el Twitter del presidente de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) de Guatemala, Ricardo Méndez Ruiz. Todos los marcados tienen en común un papel en la lucha contra la corrupción en Guatemala.

Gálvez logró notoriedad por ser el juez del sonado caso de La Línea, que puso tras las rejas al general retirado Otto Pérez Molina, presidente del país centroamericano entre 2012 y 2015. Este último año, las masivas manifestaciones por los escándalos y la corrupción política conocidas como “la primavera guatemalteca” condujeron a su renuncia. En la imagen a la que hace referencia, además de otros de sus colegas, aparecen con una equis sobre sus rostros dos fiscales, una auxiliar fiscal, una magistrada y dos jueces. También el periodista José Rubén Zamora, expresidente de elPeriódico, diario destacado por sus denuncias de corrupción; además, en ese cartón está una abogada que representó en diferentes juicios a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mecanismo de Naciones Unidas abanderado de estos casos, disuelto en 2019 por decisión gubernamental.

Por si hubiera dudas sobre el mensaje de la imagen, Méndez Ruiz acompañó la publicación con el siguiente texto: “Así trabajan los francotiradores legales de la @FCTGuatemala. Un disparo judicial, un muerto civil”.

El dirigente presume del éxito de los muchos casos que ha promovido la organización que preside y que hoy tiene enfrentando órdenes de captura o proceso penal a varios de los 24 exintegrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), tres abogadas de la extinta CICIG, seis jueces y dos exfiscales generales que han salido del país. En su lenguaje, el directivo mantiene el tono militarista, algo que marcó su casa, pues su padre, quien también se llamaba Ricardo, fue comandante de una base militar donde se encontraron cientos de restos humanos, en uno de los periodos más cruentos de la guerra en Guatemala. Los fiscales a cargo de dicho proceso no alcanzaron a solicitar una orden de arresto, pues él había fallecido.

“Utilizamos un principio militar, el de la sorpresa. Golpeamos fuerte y de forma contundente”, le dice en una entrevista para esta investigación al consorcio de medios de Guatemala Leaks (Plaza Pública, Agencia Ocote, Ojoconmipisto, ConCriterio y No Ficción) y CONNECTAS, a la par que argumentaba que el sorpresivo éxito de sus gestiones en los estrados obedece a que la justicia actual no siente “temor” de un sistema que años atrás, en su opinión, estaba bajo la presión de la antigua CICIG y organizaciones de derechos humanos.

Cada vez, los resultados obtenidos por la Fundación Contra El Terrorismo en los estrados despiertan más inquietud en diferentes instancias. En la internacional, una de las mayores alertas la ha emitido el Departamento de Estado de los Estados Unidos al incluir a Méndez Ruiz en la llamada Lista Engel, que designa a aquellos extranjeros a quienes las autoridades del país del norte consideran “implicados en actos de corrupción, en el deterioro de instituciones democráticas o en la obstrucción de investigaciones anticorrupción”. Lejos de avergonzarse por ello, el directivo de la FCT lo resalta en su miniperfil de Twitter así: “Incluido en la lista Engel por defender a nuestros veteranos. Empresario. Activista de ultra derecha. Pdte de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT)”.

En Guatemala, también es visto con recelo. Hubo un tiempo cuando los antejuicios y denuncias de la FCT no prosperaban. En redes sociales, la organización y Méndez Ruiz fueron motivo de mofa. Los llamaban in limine, el término jurídico bajo el cual las cortes rechazaron sus demandas en el pasado. Significa “de entrada” y cuando los juzgados o cortes guatemaltecas rechazaban las acusaciones de la FCT desde el principio, querían decir que las denuncias les resultaban espurias, políticas o ilegítimas, como para continuar con ellas.

En el Ministerio Público ocurría lo mismo en esa época. Por ejemplo, en 2009 no prosperó una primera denuncia de uno de los integrantes de la FCT contra el abogado Juan Francisco Sandoval, en ese entonces auxiliar fiscal en la unidad especial que trabajó con la CICIG. Una de sus investigaciones llevó a los estrados a un grupo de militares acusados de un desfalco por 60.3 millones de dólares en el Ministerio de la Defensa ocurrido entre 2000 y 2003. Entre los implicados estaba alguien que años después firmó el acta de constitución de la FCT. “La denuncia era tan loca, como todo lo que hacen”, recuerda Sandoval en entrevista para esta publicación. El militar acusaba al entonces presidente de la república, Álvaro Colom; a la primera dama; a la fiscal general, además de sus secretarios, y a él, como auxiliar fiscal, de un supuesto complot para asesinarlo. Más exactamente, según el término jurídico utilizado, los señalaba de “ejecución extrajudicial en grado de tentativa”.

Hoy Sandoval, ya como exfiscal, está exiliado en Estados Unidos con cuatro órdenes de captura en su contra, tres de estas promovidas por la Fundación Contra el Terrorismo. Su carrera, no obstante, tuvo antes gran proyección y en 2015 llegó a ser jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala. Este fue el año clave cuando, junto con la CICIG, la FECI lideró los procesos anticorrupción de mayor impacto en la historia del país. El listado incluye, además del expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti (ambos encarcelados y ella ya condenada), a ministros, jueces y diputados; algunos se sometieron a procesos abreviados o, bajo la ley de aceptación de cargos, se allanaron ante la justicia; pero otros han resistido y han articulado procesos y juicios contra fiscales y jueces que los investigaron.

¿Cómo una organización cuyo origen fue la defensa de los militares pasó a denunciar a operadores de justicia? “De la lucha por la defensa de nuestros veteranos, derivamos hacia otros campos a donde teníamos que derivar porque había que hacer un contrapeso a otras organizaciones encabezadas por la Fundación Myrna Mack (una reconocida organización de Derechos Humanos) y de alguna manera lo hemos logrado”, señala.

Méndez Ruiz asegura que no lo mueve “ningún sentimiento de venganza, de odio, ni de revancha contra nadie”. Aun así, en la misma entrevista, asevera con vehemencia que su lema es “nosotros no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”. Incluso sostiene que la selección de los acusados no obedece a un criterio de “justicia selectiva” similar al que tanto le criticó la FCT a la CICIG. Para él, no hay persecución contra nadie, sino que eligen los casos más relevantes y no incluyen a otras personas porque plantear una denuncia “lleva tiempo”, “es complicado” y la fundación “no se da abasto”.

Al cuestionársele si sus mensajes en redes sociales se pueden entender como intimidatorios o amenazantes, su respuesta es que cada persona los puede interpretar de diferentes formas.

Hoy dice que la junta directiva de la Fundación Contra el Terrorismo está integrada por cinco kaibiles —una fuerza élite y de entrenamiento extremo en el Ejército de Guatemala—, un teniente de reserva y él, y que en el día a día son solo él, un abogado y una secretaria quienes trabajan los casos.

Asegura que los gastos corren por su cuenta y la de Raúl Falla, el abogado que interpone los recursos. "Por eso somos ágiles", explica. Niega recibir financiamiento de empresarios, pero afirma que en reuniones privadas, algunos le demuestran su apoyo. Al preguntarle sobre si podría nombrar a alguno, dice que prefiere no hacerlo.

Esta investigación ilustra cómo la FCT pasó de presentar casos que eran rechazados de entrada por las cortes, a convertirse en un ente cuyas denuncias marchan en tiempo récord en las fiscalías y juzgados —la acusación contra el detenido expresidente de elPeriódico se articuló en 72 horas—. Sus acusados terminan o en la cárcel o en el exilio.

También da cuenta de cómo el acceso a la información pública, antes fluido, enfrenta ahora numerosas trabas del Ministerio Público y del Organismo Judicial, donde niegan las solicitudes bajo el argumento de que se trata de datos que solo las partes pueden conocer; o, después de varias insistencias, entregan las respuestas con información incompleta.

Un origen, otro fin

La Fundación Contra el Terrorismo fue creada el 5 de julio de 2013, pocas semanas después de que el Tribunal de Mayor Riesgo A condenara al general José Efraín Ríos Montt, jefe de Estado en 1982-1983. Los jueces le impusieron una pena de 80 años de prisión por el genocidio de la etnia maya ixil a comienzos de los años ochenta. Este fallo fue anulado diez días después por errores de procedimiento. Durante el proceso, y aunque la FCT no se había constituido legalmente, en las páginas de elPeriódico publicó avisos de rechazo al juicio.

El objetivo principal de la naciente asociación era defender a militares acusados de crímenes cometidos durante los casi 40 años de guerra en Guatemala. Pero hoy figura como denunciante o querellante —acusador— en al menos dos docenas de procesos contra funcionarios que investigaron y juzgaron casos de corrupción que alcanzaron a las más altas autoridades del país y a grandes empresarios. El número exacto de denuncias que ha articulado resulta difícil de precisar en los registros públicos y la propia fundación dice no tener la cuenta a la mano.

Los fundadores de la FCT son Ricardo Méndez Ruiz, hijo del ministro de Gobernación durante el gobierno de Ríos Montt; el capitán Óscar Platero Trabanino, el oficial militar Mario Avalos Mejía, el coronel Carlos Alvarado Palomo, el coronel Luis Ecaterino Estrada Valenzuela, el abogado y subteniente de reservas Raúl Amilcar Falla Ovalle y Édgar Danilo Ruiz Morales, graduado de la promoción 81 de la Escuela Politécnica.

Estrada Valenzuela está señalado en el caso por la sustracción de fondos del Ministerio de la Defensa por más de 60.3 millones de dólares entre 2000 y 2003. En este proceso figura también Moisés Galindo, el abogado que registró la fundación y que acusó por primera vez a Juan Francisco Sandoval de intentar asesinarlo; Galindo también está pendiente de juicio por una acusación de lavado de dinero hecha en 2017.

En tanto, Platero, quien fue agente de inteligencia y contrainteligencia durante el conflicto armado interno, fue nombrado subdirector de Inteligencia en noviembre de 2015 durante el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre, pero fue destituido pocos días después a raíz de las críticas que recibió el presidente interino. Las organizaciones sociales señalaban que era un personaje radical, opuesto a la CICIG y ni el mandatario ni nadie querían contradecir en ese momento a la sociedad civil ni mucho menos verse como adversos a la comisión internacional.

De los siete fundadores, Méndez Ruiz es el único que no tiene un grado militar.

En junio de 1982, cuando tenía 22 años y estudiaba veterinaria en la estatal Universidad de San Carlos, una institución que era vista por los militares como un refugio comunista, fue secuestrado por la guerrilla. Su padre era el ministro de Gobernación (junio 1982-junio 1983) del dictador José Efraín Ríos Montt. No hubo un rescate económico, sino la exigencia de canjear al universitario por guerrilleros capturados y la publicación de comunicados de prensa. Fue liberado dos meses después.

En noviembre de 2011, 29 años después de ocurrido el secuestro, Méndez Ruiz presentó una demanda contra 26 personas a quienes señaló como responsables del hecho. Entre estas, figura Ricardo Rosales Román, uno de los líderes de la guerrilla de Guatemala; añadió periodistas, además de activistas de derechos humanos.

Cuando la regla era “no”

Durante los primeros años de la Fundación Contra el Terrorismo, lo usual era que le rechazaran las denuncias o solicitudes de antejuicio desde su entrada a las instituciones de justicia. Aunque los datos estadísticos no permiten conocer con precisión el número de veces que esto ocurrió, las noticias publicadas por distintos medios de comunicación ofrecen un parámetro de la calidad de estas demandas planteadas.

A su vez, según el portal Antejuicio Visible, que recopila estas denuncias y que fue creado por una organización de sociedad civil que fiscaliza el sistema de justicia, entre 2016 y 2018 la Corte Suprema de Justicia no le dio trámite a ninguna de las 22 solicitudes de antejuicio que Méndez Ruiz, en calidad de presidente de la FCT, planteó contra funcionarios como Miguel Ángel Gálvez, la exfiscal general Thelma Aldana y la exmagistrada Gloria Porras, hoy exiliados en Estados Unidos.

Tanto rechazo llevó a Méndez Ruiz a quejarse en su cuenta de Twitter sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Señaló que encubrían a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En la entrevista para esta investigación, sostiene que esta última institución era controlada por Gloria Porras.

Los casos de la Fundación Contra el Terrorismo avanzaron luego del nombramiento de Consuelo Porras como fiscal general en 2018, la salida de la CICIG en 2019 y el cambio de la Corte de Constitucionalidad. Ella fue designada en ese cargo por el entonces presidente Jimmy Morales.

La simpatía de Méndez Ruiz hacia Consuelo Porras se hizo evidente en 2022, durante el proceso de reelección de la fiscal general. Porras estaba a punto de ser excluida cuando la FCT denunció a los siete comisionados que no le daban su voto por no considerarla apta para un nuevo periodo al frente del Ministerio Público.

Guatemala Leaks solicitó una entrevista con la fiscal general, y su vocero, Juan Luis Pantaleón, solicitó conocer el tema por tratar. Después de la explicación, no hubo respuesta.

Los magistrados que integran la Corte Suprema que rechazaba in limine la mayoría de los procesos legales presentados por la Fundación contra el Terrorismo son los mismos que fueron designados en 2014 por una alianza entre el Partido Patriota y el opositor Partido Líder, cuyos fundadores y líderes, Otto Pérez Molina y Manuel Baldizón, están encarcelados por causas impulsadas por la CICIG y la FECI.

Son los mismos que se mantienen en su cargo tres años después ante la falta de elección por parte del Congreso de la República y que ahora ha dado trámite a todos los procesos presentados por la FCT. La salida de la CICIG en 2019 y, luego, la de Juan Francisco Sandoval en 2021, son los hechos que distinguen un período del otro.

Guatemala Leaks solicitó al equipo de comunicación de la Corte Suprema de Justicia una entrevista o pronunciamiento sobre el cambio de criterio en los casos de la Fundación Contra el Terrorismo, pero no se recibió una respuesta.

Méndez Ruiz dice que cree que una de las razones por las que ahora los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aceptan sus casos es que ya no sienten "temor” de Iván Velásquez, el último jefe de la CICIG.

“Antes no era independiente porque si usted procedía de forma contraria a los intereses de él le sucedía lo que le sucedió a la magistrada Blanca Stalling”, dice.

La magistrada, capturada con una peluca y lentes oscuros, había sido procesada por el delito de tráfico de influencias, pero le fue retirado el cargo tras una serie de impugnaciones y luego de la disolución de la CICIG. La funcionaria fue señalada después de reunirse en su despacho con el juez que tenía a cargo el caso contra su hijo.

El juez la denunció tras ese encuentro.

Otro aspecto que, a juicio de Méndez Ruiz, resultó beneficioso para que los procesos avanzaran fue el cambio de la Corte de Constitucionalidad que se dio en abril de 2021, cuando el presidente Alejandro Giammattei y sus aliados del Congreso, del Colegio de Abogados y de la Corte Suprema de Justicia lograron elegir magistrados afines y evitar la reelección de Gloria Porras.

Secretismo y un delito fundado en una prueba

Los casos en los que Fundación Contra el Terrorismo es querellante están marcados por opacidad y poca evidencia. Lo demuestran varios procesos, entre estos el del periodista José Rubén Zamora, hoy en prisión.

Chantaje es uno de los delitos por el que acusan al periodista, hasta hace poco presidente de elPeriódico. La Fiscalía y la organización que nació para defender a los militares sustentan su acusación en el testimonio de Ronald García Navarijo, uno de los sindicados por la antigua FECI y la CICIG en un juicio por lavado de dinero.

Navarijo era directivo del Banco de los Trabajadores, el sexto banco con mayores activos del país. Según un reportaje de Plaza Pública, desde que fue procesado, el banquero buscaba que la Fiscalía lo admitiera como colaborador eficaz para inculpar a otras personas a cambio de la devolución de cuatro millones de dólares que tenía embargados.

Navarijo aseguró ante la Fiscalía que el periodista pretendía chantajearlo a cambio de no publicar información sobre los casos en los que estaba implicado. Las grabaciones en video, el audio y los 39,473 dólares del supuesto chantaje fueron entregados por el mismo Navarijo a los fiscales.

Tanto el periodista como su familia y sus compañeros de trabajo aseguran que la detención es una represalia por revelar la corrupción en el gobierno del actual presidente de la república, Alejandro Giammattei. Sin embargo, la FCT sostiene que la detención nada tiene que ver con su desempeño como periodista y que responde a sus actuaciones como empresario.

Al preguntarle por qué no logra superar la guerra, Méndez Ruiz señala que la FCT surgió para contrarrestar a las organizaciones de izquierda que estaban llevando a juicio a los militares y que había que decirles que pararan la persecución. “Como los pleitos del colegio, si ellos comenzaron, ahora que le hagan ganas”, dijo.

Méndez Ruiz anuncia un próximo antejuicio a la jueza Yassmin Barrios, quien integró el primer tribunal que sentenció que en Guatemala el gobierno de Ríos Montt cometió genocidio en contra del pueblo ixil. “No aplico ningún sentimiento de venganza, de odio, ni de revancha contra nadie. Yo trato, de hecho logro, de no poner mis emociones en el trabajo de la fundación. Yo le apuesto que con ella pasará lo mismo que con el juez Miguel Ángel Gálvez".